Esta semana algunos intelectuales, economistas y comerciantes de gran valía arremetieron con fuerza contra las medidas arancelarias adoptadas este mes por la administración Santos a favor de los sectores confección y calzado.
Según dichos críticos, la adopción de la medida por la cual el gobierno (i) redujo el arancel ad-valorem a 10% y (ii) adoptó simultáneamente un arancel específico de 5 dólares por kilo (para confecciones) o de 5 dólares por par de zapatos (para el calzado) para las importaciones provenientes de países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales, es una medida propia de la edad de las cavernas en materia de comercio exterior.
Esos críticos consideran que la medida es catastrófica por tres razones: primero, porque la misma supuestamente generará un incremento en el costo de las materias primas requeridas por los confeccionistas, lo cual afectará negativamente el empleo y la competitividad del sector.
Segundo, porque conducirá a la violación de los compromisos adquiridos por Colombia ante la Organización Mundial del Comercio, al sobrepasar los aranceles consolidados por el país ante dicha entidad.
Tercero, y de forma más general, porque es una medida que abrió la caja de pandora del proteccionismo estatal, el cual, en caso de convertirse en regla, deteriorará la imagen de Colombia como un país comprometido con el libre mercado y la seguridad jurídica.
Los tres ataques son infundados. La medida no incrementará el costo de las materias primas por una razón muy simple: el Decreto 074 de 2013 por el cual se adopta la medida únicamente cobija a las subpartidas arancelarias correspondientes a las confecciones y al calzado. Los hilados y telas utilizados como materia prima por nuestros confeccionistas seguirán ingresando al país pagando el mismo arancel que antes.
En cuanto a la supuesta violación de los compromisos adquiridos ante la OMC, los aranceles consolidados por Colombia ante dicha entidad difícilmente serán superados. Por ejemplo: en 2012 uno de los más grandes importadores del país importó confecciones por 25 USD por kilo, valiéndose de su inmenso poder de negociación gracias a sus volúmenes de compra. Si ese importador trajera al país confecciones que tuvieran un peso de un kilo por prenda, pagaría un 10% de arancel ad valorem más 5 dólares por kilo; es decir 7.5 USD de arancel total, lo cual no superaría el 35% de arancel consolidado por Colombia ante la OMC.
En tercera medida, la metáfora de la apertura de la caja de pandora también nada en el vacío. Ese ataque ignora la motivación de fondo de la medida: el Estado debe atacar la inmensa masa de importaciones que llegan al país sin pagar aranceles sobre los precios reales de mercado, que por ese hecho configuran una forma de competencia desleal y contrabando que destruye el empleo y la competitividad de la industria nacional, y que además erosiona el recaudo fiscal.
La decisión de la administración Santos no se fundamenta en que sea necesario proteger a un sector privilegiado de la economía nacional de las amenazas de la legítima competencia internacional, sino en la necesidad de proteger a los empresarios y a los trabajadores colombianos de los estragos que pueden causar contrabandistas, lavadores de activos y organizaciones delincuenciales de todo tipo, con la importación masiva de productos por mercachifles que pagan un arancel irrisorio sobre un precio de importación que no guarda relación alguna con los precios reales de mercado, que evaden IVA y que en ocasiones tampoco cumplen con sus obligaciones patronales. El caso de las importaciones de calzado habla por sí mismo: cerca del 10% del calzado que ingresa al país entra con precios de importación inferiores a 1 USD y en muchos casos los precios de importación alcanzan a bajar hasta 0.27 centavos de dólar por par.
Así las cosas, el efecto expansivo de la medida adoptada por el gobierno para los sectores confección y calzado sobre otros sectores económicos es más bien limitado, debido a que la adopción de medidas de protección por la administración Santos no está ni ha estado motivada por la necesidad de proteger a la industria colombiana por su supuesta incapacidad para convertirse en un competidor de talla mundial, sino en la necesidad de protegerla del contrabando técnico u otras formas de comercio ilegal.
Habiendo respondido brevemente las tres principales críticas hechas contra las medidas adoptadas por la administración Santos, paso a corregir una equivocación adicional cometida por los críticos de la medida: afirman que después de la suscripción indiscriminada de acuerdos comerciales por Colombia, la medida busca corregir los errores cometidos por el gobierno en desarrollo de esa política aperturista, la cual ha ocasionado – dicen – una avalancha de importaciones que están minando a nuestra industria.
Nada más equivocado La mayor parte de las importaciones – con subfacturación o sin ella – que entran al país para los sectores confección y calzado provienen de países con los cuales Colombia no tiene Tratados de Libre Comercio vigentes, por lo cual se puede concluir que la adopción de los aranceles mixtos tiene una relación muy limitada con los flujos de comercio derivados de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia.
Finalmente, y con base en todo lo dicho, debe decirse que una cosa es volver al proteccionismo de corte cepalino, forma crónica de las economías cerradas, y otra muy distinta es proteger a la industria nacional del crimen organizado, de la sub-facturación aduanera y de la creciente sofisticación y avance de todas las formas de fraude aduanero. Si el Estado no existe para eso, entre otras cosas, ¿para qué existe?
Finalmente, y con base en todo lo dicho, debe decirse que una cosa es volver al proteccionismo de corte cepalino, forma crónica de las economías cerradas, y otra muy distinta es proteger a la industria nacional del crimen organizado, de la sub-facturación aduanera y de la creciente sofisticación y avance de todas las formas de fraude aduanero. Si el Estado no existe para eso, entre otras cosas, ¿para qué existe?
29 de enero de 2013
