Instalación de Red de Veedurías Universitarias

En: Auditorio de la Escuela Superior de Administración Pública

Fecha: 17 de febrero de 2015

Todos los filósofos, todos los teóricos de la política y todos los grandes hombres de Estado, desde la antigüedad y hasta nuestros días, siempre le han dado gran importancia a la educación. Esos pensadores, esos hombres de Estado, esos líderes, siempre han tenido clara la importancia que tiene la educación para el proceso de conformación de las sociedades. Uno puede encontrar reflexiones sobre la educación en La República de Platón, en las obras de Boecio, San Agustín, Averroes, Gramsci, Marx y Althusser. También en las de los utopistas como Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam y Campanella. Todos ellos coinciden en que la educación, la academia y la ciencia definen en gran medida la forma en que las sociedades evolucionan y se gobiernan.

La educación y la ciencia están en el corazón del proceso de construcción de buenos gobiernos y de políticas públicas responsables. Todos los que estamos acá presentes muy seguramente consideramos que gobernar sin la ciencia y el conocimiento, es imposible. Hacerlo es como dirigir una nave sin brújula, sin mapa, sin saber de dónde vienen los vientos ni hacia dónde van. Gobernar sin ciencia, educación y conocimiento es conducir al navío hacia el naufragio.

Gobernar es un oficio, un arte si se quiere, que va directamente atado a la idea de dirigir los destinos del país y de nuestros conciudadanos hacia un mayor bienestar, poniendo siempre en el centro de la agenda la primacía del interés general sobre el particular.

Gobernar para sí mismo es lo que Platón y Aristóteles llamaban tiranía; o si gobernaban pocos y en beneficio propio, oligarquía. Y si gobernaban muchos, demagogia. Esas palabras, que hoy han perdido su significado, resuenan en la conciencia colectiva cada vez que un funcionario corrupto abusa de su cargo para obtener una utilidad. Fraude, robo, corrupción, tiranía, oligarquía, demagogia, son actos y conceptos que encierran los gérmenes del odio y de la violencia.

El drama histórico de este país ha estado determinado, en gran medida, por el problema de la corrupción. Nada desprecian más los seres humanos que ser robados, que sentirse estafados en su buena fe, que sentir que las personas que están en los cargos públicos con la misión de asegurar el desarrollo del buen gobierno, los defrauden.

Así, defraudados, se sienten nuestros compatriotas cada vez que estalla un escándalo de corrupción; cada vez que pasan por el puente de la 26 y ven que todavía no se ha terminado; cada vez que un cartel de funcionarios o empresarios corruptos se quedan con los recursos de la salud.

Gobernar bien es, en una medida importante, prevenir la corrupción y castigarla, con el concurso de la rama judicial y los órganos de control, cuando ocurre. Pero acá vienen, entonces, una serie de preguntas:

¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos haciendo lo que se necesita para prevenir la corrupción? ¿Están sirviendo para algo las normas que expedimos? ¿Los Conpes y demás documentos de política pública que aprobamos están teniendo impacto? ¿Están sirviendo las guías de contratación que expedimos? ¿O la teoría según la cual debemos perseguir al ‘pez gordo’ y no al chico, funciona bien? ¿Realmente estamos capturando a los ‘peces gordos’? ¿Y qué tan duros estamos siendo con ellos cuando los capturamos?

De otra parte, la política criminal orientada hacia la prevención general, ¿está sirviendo de algo? O sus presuntos éxitos, ¿sólo existen en la obra voluminosa de Roxín? ¿Es verdad que la sanción penal sirve como confirmación de la validez de la norma frente a la infracción de la misma por parte del delincuente? ¿O esa idea sólo existe en las obras de Hegel y de Jakobs?

Más aún, teniendo en cuenta los últimos avances de la neurociencia, ¿es posible concluir científicamente que podemos luchar contra la corrupción? ¿O estamos condenados a sufrirla? ¿Las conclusiones del cerebro no nos indican, acaso, que estamos determinados plenamente por nuestros impulsos cerebrales y nuestros neurotransmisores? ¿Y qué tienen para decir la criminología, la sociología, la equística, la economía y la administración pública, entre otras ciencias sociales, sobre cómo combatir la corrupción?

En la Presidencia de la República, en la Secretaría de Transparencia estamos haciendo lo mejor que podemos, se los aseguro. Pero necesitamos el apoyo de ustedes. Necesitamos el conocimiento. Necesitamos que las universidades se comprometan con este proyecto. Necesitamos que produzcan conocimiento útil al sector público y, en particular, a la lucha contra la corrupción. No nos sirven las tesis de grado enterradas en las bibliotecas de las universidades. Necesitamos tesis de grado útiles al país.

Si no tenemos respuestas a tales preguntas, la capacidad que tenemos los hacedores de política pública para tomar las decisiones correctas seguirá siendo muy limitada. Necesitamos ciencia y educación. Necesitamos la evidencia científica para poder hacer cada día mejor nuestro trabajo.

En este punto, quiero expresar un agradecimiento muy especial a la Comisión Regional de Moralización de Cundinamarca; ustedes han hecho un trabajo extraordinario al liderar esta iniciativa. Gracias al procurador provincial y presidente de la Comisión, John Arévalo; al procurador provincial, Juan Carlos Ocampo, y a todos los demás miembros que integran este órgano que promueve la transparencia en el departamento.

Un saludo especial también a la Escuela Administrativa de Administración Pública – ESAP; a Jhymy Castillo, quien está a cargo del curso “Administración pública y control social a la gestión pública” que, creemos, va a marcar una tendencia positiva en cátedras que trasciendan y tengan utilidad para el país. Agradezco también a la doctora Martha Cipagauta, subdirectora de alto gobierno de la ESAP, quien también se comprometió con esta iniciativa y abrió la posibilidad de que el curso gratuito para los estudiantes postulados por las universidades, sea una realidad.

Además, quiero dar un agradecimiento a todo el equipo de la Secretaría de Transparencia que ha estado trabajando en este proyecto; y a la Procuraduría General de la Nación, que se ha comprometido decididamente con la construcción del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción al interior de la Secretaría de Transparencia, el cual creo que se ha convertido en el radar más importante que tenemos para verificar qué tan bien o mal vamos en este proceso de lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia.

En este proyecto de conformación de una Red de Veedurías Universitarias que han conocido hoy, la Secretaría de Transparencia va a ejercer un rol de acompañamiento; daremos línea a los semilleros de investigación y a las veedurías. Además, nos comprometemos a que los resultados de los trabajos realizados sean presentados en las audiencias de la Comisión Regional de Moralización y a darles difusión desde el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. También queremos que esta iniciativa, que arranca en Cundinamarca, pueda ser llevada a otros departamentos del país.

Creemos que los aportes de todos los que han venido liderando este proyecto, darán frutos que nuestras familias y todos nuestros conciudadanos sin distingo de raza, religión o clase social, van a poder disfrutar. Y con ello, estarán haciendo una contribución para construir un país bien dirigido, pacífico y equitativo.

Antonio Gramsci decía: “el viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. Colombia está intentando superar la historia de violencia y de odio que la ha caracterizado. Está intentando enterrar ese viejo mundo. También intenta, simultáneamente, descubrir y construir un nuevo mundo.

En el claroscuro en el que nos encontramos por estos días, no podemos permitir que la delincuencia común, que la delincuencia de cuello blanco y la corrupción en todas sus formas, sean los monstruos que nos impidan conquistar los sueños dorados de la paz, la democracia y el buen gobierno.

El papel de todos ustedes en esta fase de nuestra historia es determinante. Por eso, hacemos un llamado a que adquieran conciencia del lugar histórico en el que nos encontramos y a la posición que deben asumir en esta coyuntura. Estamos seguros de que esta alianza será la semilla del árbol de la transparencia y del buen gobierno, y sus ramas serán el abrigo bajo el cual florecerá un mejor país con ciudadanos honestos y responsables, y con gobernantes íntegros y en capaces.

Muchas gracias.

Discurso de instalación del evento de conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción

9 de diciembre de 2014

Señores

Dr. Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación

Dr. Nestor Humberto Martínez, Ministro de la Presidencia

Dr. José David Name, Presidente del Senado de la República

Buenos días.

Señor Procurador, muchas gracias por abrirnos la puerta de esta sede del Poder Moral de la Nación – para usar la expresión utilizada por el Libertador en el Discurso de Angostura de 1821 – en el cual se perfilaba ya la imperiosa necesidad de contar con un órgano independiente que velara por la ética pública y el buen gobierno.

Doctor Ordoñez, señor Ministro, señor Presidente del Congreso, demás asistentes, les pido la licencia de permitirme convertir mi intervención en una disquisición filosófica y ética más que en una presentación de avances de logros de la Secretaría de Transparencia.

Esos avances los podrán encontrar en este Informe Anual de Logros y Retos que desde la Secretaría hoy sacamos a la luz pública, en el que explicamos a detalle los avances en el proceso de implementación de la Política Pública Integral Anticorrupción.

Pero hoy prefiero – con esta primera intervención – mostrarle al país cuál es mi visión sobre el delicado asunto que nos ocupa, y plantear además, cuál es el rumbo hacia el cual pienso que debemos avanzar para llegar a buen puerto.

En la muy famosa República de Platón, escrita en el siglo V antes de Cristo, una de las piedras angulares de la ciencia política de la antigüedad, que por siglos irradió su luz sobre todo el pensamiento occidental y sobre toda la tradición cristiana, desde San Agustín de Hipona y llegando hasta Santo Tomás, Glaucón, uno de los sujetos deliberantes de ese famoso diálogo, hermano de Platón – por demás – afirma que las personas son, por naturaleza, injustas.

Sólo son justas – nos dice – por miedo al castigo, no por convicción. Y para sustentar su argumento narra la Fábula del Anillo de Giges, la cual siglos después inspiraría al escritor británico John Ronald Tolkien a escribir el Señor de los Anillos.

Según Glaucón, Giges es un campesino iletrado, que después de una tormenta y un terremoto feroz, encontró en el fondo de un abismo un caballo hecho de bronce. Ese caballo contenía en su interior un cuerpo sin vida, cuya única pertenencia era un anillo de oro.

Giges descubrió que el anillo le concedía a su dueño el poder de la invisibilidad. Sacando provecho del poder del anillo, Giges lo usó para enamorar a la reina y después, con su auxilio, matar al rey, apoderándose así de su reino.

Gracias al anillo, Giges hacía el mal e incrementaba su poder, se alzaba como un tirano y un corrupto, mientras que pasaba por hombre bueno frente a sus súbditos.

Esta fábula nos enseña tres cosas: primero, que es necesario que nadie quede por fuera del alcance de la ley; de su vigilancia y cumplimiento. De lo contrario, al igual que en la fábula de Giges – que con su anillo tiene el don de escapar al alcance de la ley –, es fácil que termine por reinar la tiranía, la corrupción y el crimen.

Segundo, nos enseña también que el imperio de la ley no basta por sí solo, porque a veces – sin sospecharlo – las conductas o circunstancias que ella regula permiten que el ciudadano logre escapar a su alcance. Y entonces sólo queda como última barrera frente al mal, la perversión, la corrupción y los apetitos humanos más mezquinos, la propia consciencia.

Frente a los vacíos de la ley, sólo queda la esperanza de que el espíritu y el carácter de los ciudadanos sea recto, honorable, limpio… iluminado por las reglas del imperativo categórico y de la razón universal.

Tercero, nos enseña que el mejor antídoto contra la corrupción es la visibilidad, la transparencia. Durante siglos la humanidad ha visto reinar a dictadores que, como Giges, ocultan información, camuflan la realidad, gobiernan desde la penumbra, sin rendir cuentas al pueblo, sin explicar en qué gastan el dinero de las arcas del Estado, que se roban todo, o mucho, en detrimento de los intereses de la mayoría.

Analizando estas tres lecciones, diré entonces, que la justicia y la civilización no pueden existir en un lugar en el que un ciudadano escapa a la mano de la ley y en donde – por ese hecho – reinan la tiranía y la corrupción.

Por eso, ante todo, derrotar la corrupción exige que el Estado haga respetar el ordenamiento jurídico existente, pero también – y sobre todo – exige transformar la conciencia de los ciudadanos; exige hacer los mayores esfuerzos para hacerles entender que la corrupción es la podredumbre, la corrupción es lo que está podrido, es lo más degradado de la existencia social.

Pero el respeto por la ley no viene sólo. Requiere por un lado garantizar que la justicia funciona; que no cojea y que siempre llega. Y por el otro, requiere construir una arquitectura institucional que haga del servicio público un trabajo perfectamente visible a la luz de todos.

La transparencia se convierte así en el alimento del cual se nutren los cimientos del edificio social. Sin ella, el organismo pronto se contamina, se envenena y muere.

Con ella, - con la transparencia como principio rector -, el organismo crece vigoroso, fuerte y dinámico; sano. Con ella, todo está a la luz de todos; crece la confianza; el buen entendimiento y la solidaridad ciudadana.

Con ella, además, lentamente va transformándose la conciencia social… Con ella empiezan a reducirse en número y en fuerza aquellos que creen en la corrupción como método válido para enriquecerse.

Quienes tienen ese credo no son más agudos, no son más inteligentes, no son más hábiles; esas personas en realidad se consideran a si mismas seres muy inferiores en términos de civilización… a veces sin darse cuenta.

En conclusión, la garantía del imperio de la ley para todos los ciudadanos, la transparencia plena en el manejo de la cosa pública y la transformación de la consciencia ciudadana, se constituyen en los objetivos principales y comunes alrededor de los cuales deben girar el esfuerzo del Estado y de la sociedad civil por construir una sociedad libre de corrupción y de abusos.

Y así es como, la Secretaría de Transparencia ha venido trabajando en la búsqueda de esos objetivos. Por sólo poner algunos ejemplos:

·       Impulsamos la adopción del Conpes Anticorrupción 167 de 2013;

·       Logramos la expedición de la Ley de Transparencia, construida en equipo y con el liderazgo de la sociedad civil;

·       Creamos, de la mano de la Procuraduría el Índice de Gobierno Abierto, con el cual estamos midiendo los avances de transparencia de todas las entidades territoriales;

·       Lanzamos el Observatorio de Transparencia, para medir de cara al país, los avances en la implementación de la Política Pública Integral Anticorrupción;

·       Fortalecimos, bajo el liderazgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, el nivel y calidad de los Jefes de las Oficinas de Control Interno, a quienes esta semana estaremos evaluando;

·       Llevamos al Congreso el Proyecto de Ley por el cual cumplimos con los estándares exigidos por la Convención Antisoborno de la OECD;

·       Capacitamos cientos de Fiscales sobre el alcance de esa Convención;

·       Nos vinculamos a la Red de Transparencia y Acceso a la Información, a la cual recientemente se vinculó la Procuraduría, con quien tuve el honor y el privilegio de compartir unas intensas jornadas de trabajo en Brasilia hace algunas semanas;

·       Iniciamos el proceso de admisión a la OECD, en donde estamos esta semana presentando nuestros avances ante el Grupo de Trabajo Antisoborno; y

·       Empezamos la construcción del Plan de Acción de la Segunda Fase de Trabajo con la Alianza para el Gobierno Abierto, una red de 64 países que colaboran para cumplir los más altos estándares en materia de transparencia y prevención de la corrupción.

Pero nuestro trabajo no se queda ahí. Ahora debemos enfrentar nuevos desafíos que hasta ahora no habíamos asumido y que yo quisiera que fueran los ejes rectores del trabajo de la Secretaría de Transparencia durante los próximos años.

El primer gran desafío tiene relación con la transparencia de los Partidos Políticos. Andrew Jackson, uno de los padres de la nación estadounidense dijo en una ocasión:

“Lloro por la libertad de mi país cuando veo, en estos primeros días de su existencia exitosa, que se han imputado – numerosos – actos de corrupción a varios miembros de la Cámara de Representantes…”

Nuestro Congreso y nuestros partidos deben renovar sus votos con el país.  Pocas instituciones están tan desprestigiadas en nuestros días.

Por eso le pido hoy al Presidente del Senado, muy especialmente, que nos ayude a liderar una gran cruzada por la transparencia de los Partidos Políticos.

El país demanda saber de dónde vienen sus recursos, quiénes los financian, a qué candidatos los partidos les dan dinero, recursos o apoyo del cualquier tipo, directo o indirecto, para sus campañas políticas; a quiénes, a qué líderes, los candidatos les dan recursos para hacer proselitismo político; cómo se aseguran de que no haya compra de votos.

El país quiere saber por qué un partido apoya más a unos candidatos que a otros; quiere saber si tienen Planes Integrales para la Prevención de la Corrupción; quiere saber si tienen un Sistema de Prevención de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; quiere saber cuántos recursos destinan a sus centros de pensamiento y si están cumplimiento con el mandato de la ley que los obliga a darles el 15% para actividades de formación y capacitación; el país quiere saber si están respetando la Ley de Protección de Datos Personales y su obligación de rendir cuentas a la ciudadanía.

En fin, tenemos mucho por hacer en este frente. Por eso invito hoy a los partidos, por conducto del Presidente del Senado, a estudiar y cumplir sus obligaciones bajo la Ley de Transparencia.

El Congreso y nuestros partidos, que deberían encarnar la voluntad general, más que nadie tendrían que dar ejemplo en esta cruzada por la transparencia que, con la Procuraduría y la Contraloría hemos venido liderando hace varios años.

El segundo gran desafío tiene relación con el fortalecimiento de la sociedad civil. La ciudadanía organizada y activa, es la consciencia viva del cuerpo social.

Su rol en la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción reviste la mayor trascendencia. Pero necesitamos fortalecerla y actuar más estrechamente.

Así como en las regiones debemos activar, visitar y promover las Comisiones Regionales de Moralización, tal como el próximo 18 de diciembre estaremos haciendo en una primera visita a la Comisión Regional de Córdoba, en conjunto con el Ministro de la Presidencia, la sociedad civil organizada y la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción deberían ayudarnos a activar Comisiones Regionales Ciudadanas que se erijan en contrapeso e interlocutores de las Comisiones Regionales de Moralización.

Esas Comisiones Regionales Ciudadanas pueden ayudar a elevar el nivel de la vigilancia, denuncia y activismo propositivo de las veedurías en las regiones, y pueden consolidar una arquitectura institucional óptima para mejorar la interlocución entre el sector público y privado en este propósito común.

El tercer desafío tiene relación con la construcción de una agenda de trabajo con enfoque territorial y sectorial. El enfoque territorial debe estar orientado a promover la transparencia y prevenir la corrupción, en las zonas de consolidación o de extrema pobreza, especialmente en el contexto de la negociación de paz y del postconflicto.

Nunca había sido tan urgente evitar la pérdida de los recursos del Estado destinados a los más desfavorecidos de la sociedad.

El enfoque sectorial, por su parte, debe estar orientado a blindar de la corrupción a los recursos de ciertos sectores neurálgicos para el buen desarrollo del país. Así, nos hemos propuesto extirpar el cáncer de la corrupción del ICBF.

Nos hemos propuesto extirpar el cáncer de la corrupción de la educación.

Nos hemos propuesto extirpar el cáncer de la corrupción de la industria extractiva.

Nos hemos propuesto extirpar el cáncer de la corrupción del sector de la salud. ¡Y lo haremos!

¡No vamos a permitir que se pierdan los recursos de la niñez!

¡No vamos a permitir que se pierdan los recursos de la educación o de la salud!

¡No vamos a permitir que se pierdan las regalías de los colombianos, ni que se trafique con las consciencias de nuestros funcionarios públicos, ni que se desprestigie el muy honorable papel que ellos cumplen en la sociedad, por cuenta de unos cuantos corruptos!

Y acá una advertencia, a los políticos que están involucrados con el desfalco del Estado, del ICBF, del SENA, del sistema de salud, les decimos que no escaparán a la lupa del Estado y de la vigilancia renovada y conjunta de la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y la Presidencia.

¡Yo empeño mi palabra en que antes de terminar este año el país entero podrá constatar la seriedad con que hemos asumido estos compromisos!

Para terminar, en su metafísica de las costumbres, Kant usaba la frase, “el cielo estrellado sobre mí, la moral dentro de mí”, para explicar la diferencia entre el mundo fenomenológico y el mundo de la razón, esa razón que dicta los imperativos categóricos del ser moral, y que es, en la práctica, el mejor antídoto contra el mal.

Su frase brilla aún en el firmamento de la consciencia humana. Hagamos que desde la altura de la historia y la filosofía, y desde la luz del futuro, nuestros ancestros y nuestros maestros – de una parte – y nuestros descendientes – de la otra – se sientan orgullos de este pueblo colombiano, que logró elevar su espíritu y liberarse del yugo de la corrupción.

Gracias.

Del proteccionismo a la protección liberal

Esta semana algunos intelectuales, economistas y comerciantes de gran valía arremetieron con fuerza contra las medidas arancelarias adoptadas este mes por la administración Santos a favor de los sectores confección y calzado.

Según dichos críticos, la adopción de la medida por la cual el gobierno (i) redujo el arancel ad-valorem a 10% y (ii) adoptó simultáneamente un arancel específico de 5 dólares por kilo (para confecciones) o de 5 dólares por par de zapatos (para el calzado) para las importaciones provenientes de países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales, es una medida propia de la edad de las cavernas en materia de comercio exterior.

Esos críticos consideran que la medida es catastrófica por tres razones: primero, porque la misma supuestamente generará un incremento en el costo de las materias primas requeridas por los confeccionistas, lo cual afectará negativamente el empleo y la competitividad del sector.

Segundo, porque conducirá a la violación de los compromisos adquiridos por Colombia ante la Organización Mundial del Comercio, al sobrepasar los aranceles consolidados por el país ante dicha entidad.

Tercero, y de forma más general, porque es una medida que abrió la caja de pandora del proteccionismo estatal, el cual, en caso de convertirse en regla, deteriorará la imagen de Colombia como un país comprometido con el libre mercado y la seguridad jurídica.

Los tres ataques son infundados. La medida no incrementará el costo de las materias primas por una razón muy simple: el Decreto 074 de 2013 por el cual se adopta la medida únicamente cobija a las subpartidas arancelarias correspondientes a las confecciones y al calzado. Los hilados y telas utilizados como materia prima por nuestros confeccionistas seguirán ingresando al país pagando el mismo arancel que antes.

En cuanto a la supuesta violación de los compromisos adquiridos ante la OMC, los aranceles consolidados por Colombia ante dicha entidad difícilmente serán superados. Por ejemplo: en 2012 uno de los más grandes importadores del país importó confecciones por 25 USD por kilo, valiéndose de su inmenso poder de negociación gracias a sus volúmenes de compra. Si ese importador trajera al país confecciones que tuvieran un peso de un kilo por prenda,  pagaría un 10% de arancel ad valorem más 5 dólares por kilo; es decir 7.5 USD de arancel total, lo cual no superaría el 35% de arancel consolidado por Colombia ante la OMC.

En tercera medida, la metáfora de la apertura de la caja de pandora también nada en el vacío. Ese ataque ignora la motivación de fondo de la medida: el Estado debe atacar la inmensa masa de importaciones que llegan al país sin pagar aranceles sobre los precios reales de mercado, que por ese hecho configuran una forma de competencia desleal y contrabando que destruye el empleo y la competitividad de la industria nacional, y que además erosiona el recaudo fiscal.

La decisión de la administración Santos no se fundamenta en que sea necesario proteger a un sector privilegiado de la economía nacional de las amenazas de la legítima competencia internacional, sino en la necesidad de proteger a los empresarios y a los trabajadores colombianos de los estragos que pueden causar contrabandistas, lavadores de activos y organizaciones delincuenciales de todo tipo, con la importación masiva de productos por mercachifles que pagan un arancel irrisorio sobre un precio de importación que no guarda relación alguna con los precios reales de mercado, que evaden IVA y que en ocasiones tampoco cumplen con sus obligaciones patronales. El caso de las importaciones de calzado habla por sí mismo: cerca del 10% del calzado que ingresa al país entra con precios de importación inferiores a 1 USD y en muchos casos los precios de importación alcanzan a bajar hasta 0.27 centavos de dólar por par.

Así las cosas, el efecto expansivo de la medida adoptada por el gobierno para los sectores confección y calzado sobre otros sectores económicos es más bien limitado, debido a que la adopción de medidas de protección por la administración Santos no está ni ha estado motivada por la necesidad de proteger a la industria colombiana por su supuesta incapacidad para convertirse en un competidor de talla mundial, sino en la necesidad de protegerla del contrabando técnico u otras formas de comercio ilegal.

Habiendo respondido brevemente las tres principales críticas hechas contra las medidas adoptadas por la administración Santos, paso a corregir una equivocación adicional cometida por los críticos de la medida: afirman que después de la suscripción indiscriminada de acuerdos comerciales por Colombia, la medida busca corregir los errores cometidos por el gobierno en desarrollo de esa política aperturista, la cual ha ocasionado – dicen – una avalancha de importaciones que están minando a nuestra industria.

Nada más equivocado La mayor parte de las importaciones – con subfacturación o sin ella – que entran al país para los sectores confección y calzado provienen de países con los cuales Colombia no tiene Tratados de Libre Comercio vigentes, por lo cual se puede concluir que la adopción de los aranceles mixtos tiene una relación muy limitada con los flujos de comercio derivados de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia.

Finalmente, y con base en todo lo dicho, debe decirse que una cosa es volver al proteccionismo de corte cepalino, forma crónica de las economías cerradas, y otra muy distinta es proteger a la industria nacional del crimen organizado, de la sub-facturación aduanera y de la creciente sofisticación y avance de todas las formas de fraude aduanero. Si el Estado no existe para eso, entre otras cosas, ¿para qué existe?

29 de enero de 2013